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EL PUNTO DE ACUERDO APROBADO EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA, BUSCA DAR CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS

La Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura, aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a colaborar con el Poder Legislativo y la Sociedad Civil, para identificar posibles mejoras en los procesos existentes y asegurar una implementación eficiente para las personas beneficiarias en lo relativo al pago por concepto de pensión alimenticia.

Las diputadas y los diputados aprobaron el dictamen donde se insta al Poder Judicial del Estado a establecer mecanismos tendientes a agilizar el proceso de autorización de pago de cheques por concepto de pensión alimenticia, entre los funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia y los Tribunales del Estado.

Se informó que con este beneficio se estaría actuando con mayor diligencia y celeridad, garantizando el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias. Asimismo, colaborar con los distintos actores involucrados, como el Poder Legislativo y la sociedad civil, para identificar posibles mejoras en los procesos existentes y asegurar una implementación eficiente.

Los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, coincidieron en señalar que en vista de los argumentos presentados, resulta imperativo abordar la problemática actual mediante la elaboración de un mecanismo para optimizar los procedimientos entre funcionarios del poder judicial y los tribunales para la pronta autorización de pagos de deudores alimentarios.

La justificación de esta propuesta radica en la urgencia de garantizar los derechos fundamentales de los beneficiarios y en la necesidad de establecer medidas eficaces que aseguren la entrega oportuna de recursos destinados a satisfacer las necesidades básicas de quienes dependen de las pensiones alimentarias en nuestro estado.

Además, indicaron que este Punto de Acuerdo se justifica, porque se evitarán las demoras en la autorización de los pagos que afectan directamente la calidad de vida de los beneficiarios o acreedores alimentarios, comprometiendo su acceso a alimentos, educación y servicios básicos.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.

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